No a la violencia sindical
Los recientes enfrentamientos entre trabajadores ocurridos en Guayana deberían preocupar al alto gobierno y la dirigencia sindical del país. Es un agregado más a la situación de violencia que hasta la fecha ha dejado desde 2005 más de 250 personas asesinadas por conflictos relacionados a venta de puesto de trabajo y violencia intersindical.
En el año 2005 por primera vez Provea reflejó en el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela los asesinatos en disputas por puesto de trabajo. En aquella oportunidad señalamos que dos personas habían sido asesinadas y tres resultaron heridas. Los hechos sucedieron en noviembre de 2004 en el portón I de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)-Alcasa. Las personas se disputaban un trabajo en la construcción de la Quinta Línea de Alcasa.
Esa situación nos indujo a realizar un monitoreo riguroso sobre los conflictos que se presentaban por la venta de puestos de trabajo. Constatamos que era una práctica arraigada en los sectores petrolero y construcción. Para diciembre de 2005 la cifra de personas asesinadas por conflictos relacionados a la venta de puestos de trabajo se elevaba a 45 la mayoría de ellas en el estado Bolívar. Al año siguiente la cifra aumentó a 48 en todo el país. Para septiembre de 2007 nuestro monitoreo indicó que la cifra bajó a 29homicidios la mayoría bajo la modalidad de sicariato.
En 2008 se incrementó de nuevo hasta 46 trabajadores asesinados. Ese año, por primera vez, el Presidente de la República se refirió a la situación del asesinato de sindicalistas. No fue la cifra total de homicidios lo que motivó su pronunciamiento. Fue el asesinato simultáneo de tres dirigentes sindicales de reconocida trayectoria en el estado Aragua. En aquella oportunidad ordenó se constituyera una Comisión de Alto Nivel que analizara el problema y adoptara medidas adecuadas.
La Comisión integrada por representantes del gobierno, la Defensoría del Pueblo y algunos dirigentes sindicales se reunió dos veces y no dejó ningún saldo positivo. Al contrario de lo esperado, la cifra de asesinatos se incrementó considerablemente.
De octubre de 2009 a septiembre 2010 se registraron 68 trabajadores asesinados incluyendo varios dirigentes sindicales.
Tan grave problema sigue siendo obviado en los niveles más altos de la estructura del Estado. Incluso, el presidente Chávez contradiciendo sus palabras de 2008 afirmó en agosto de 2010 que en Venezuela no había sindicalistas asesinados. La Defensoría del Pueblo en su último Informe no dedica ni una sola línea al problema. La Fiscal General no se refiere al asunto.
Provea solicita a los poderes públicos un explícito reconocimiento de la gravedad del problema y el diseño junto a la dirigencia sindical de políticas de corto, mediano y largo plazo, para revertir esta situación que ha enlutado a decenas de familias venezolanas y evitar que la violencia en el sector laboral continúe, se diversifique y sea aún más dramática.
Marino Alvarado Betancourt
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